| Con el objetivo de facilitar un enfoque integrado del control de las emisiones de dichas actividades a la atmósfera, el agua o el suelo, que otorgue una protección al medio ambiente en su conjunto, de manera que se evite la transferencia de contaminación de un elemento o recurso natural a otro, la Unión Europea aprobó la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de noviembre, relativa a la prevención y control de la contaminación (IPPC). En ella se introduce la obligatoriedad de una autorización ambiental en la que por medio de la integración y coordinación administrativa se incluye el control de las emisiones al aire, los vertidos y los residuos para el funcionamiento de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación. Asimismo, las citadas normas establecen criterios para la determinación de unos Valores Límite de Emisión (VLE) basados en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) que deberán estar contenidos en las mencionadas autorizaciones. La incorporación de la Directiva de IPPC al Derecho interno se efectuó mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, cuyos preceptos tienen el carácter de legislación básica estatal. La Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, la cual ha introducido diversas modificaciones en la legislación de prevención y control integrados de la contaminación. Principalmente se modifica ligeramente el actual ámbito de aplicación del anexo I relativo a las actividades a las que se aplica la norma para cubrir tipos de instalaciones adicionales, concretándolo y ampliándolo en relación con determinados sectores, se simplifica la tramitación administrativa relativa a la autorización ambiental integrada en lo que se refiere a su modificación y revisión, y se establecen normas relativas al cierre de las instalaciones, la protección del suelo y las aguas subterráneas. Las modificaciones que incluye la nueva Directiva se incorporan al ordenamiento español a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta Ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. El objeto del presente documento es definir los aspectos relacionados con la solicitud de la autorización ambiental integrada (en adelante AAI) de las instalaciones incorporadas al ámbito de aplicación de la IPPC a raíz de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. De acuerdo a lo establecido en la directiva los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas pertinentes a partir del 7 de julio de 2015, por lo que en esa fecha las instalaciones incorporadas deberán disponer de la correspondiente autorización ambiental integrada. Dado que la ampliación afecta fundamentalmente a actividades de gestión de residuos actualmente en funcionamiento mediante un permiso sectorial de gestor de residuos, con el objetivo de llegar a un mayor grado de concreción en lo que a la documentación necesaria para la solicitud se refiere, y en consecuencia, minimizar los tiempos para la obtención de la autorización, la presente guía se centrará en los epígrafes que acumulan la práctica totalidad de instalaciones entrantes. | 
