La prevención y control integrado de la contaminación consiste en un conjunto de medidas que se aplican a las instalaciones con elevado poder contaminante (, 66 Kb). Este mecanismo se basa en prevenir la contaminación actuando preferentemente en la fuente y persigue que las actividades gestionen prudentemente los recursos y reduzcan al máximo los residuos y las emisiones a la atmósfera, a las aguas y a los suelos.

Estas medidas, así como las instalaciones que se someten a este nuevo régimen de actuación, se regulan en la Ley 16/2002 (, 117 Kb), de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que ha transpuesto al ordenamiento jurídico interno la Directiva 96/61/CE, más conocida por Directiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

La Directiva 96/61/CE y, por consiguiente, la Ley 16/2002 incorporan una serie de novedades que en su conjunto configuran una nueva estrategia para conseguir reducir la contaminación industrial:

Una visión integrada del medio ambiente y la contaminación     

Hasta la entrada en vigor de la Directiva IPPC, la legislación medioambiental comunitaria y estatal hacía referencia a la protección de cada uno de los medios (agua, suelo, atmósfera) de forma independiente, estableciendo niveles máximos de emisión en cada caso. Con la nueva regulación, se pretende prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación, a través de una visión integrada de todos los procesos que la originan y actuando directamente sobre la fuente.

Se tramita y otorga una única Autorización Ambiental Integrada       

Asimismo, con anterioridad a la Directiva IPPC la puesta en marcha de una instalación estaba sujeta a diversas autorizaciones de carácter ambiental (producción y gestión de residuos, autorización de emisiones a la atmósfera, autorización de vertidos, evaluación de impacto ambiental, etc.). Algunas de estas autorizaciones se otorgaban separadamente por uno o varios órganos de una misma administración, mientras que en otras ocasiones se otorgaban por diferentes administraciones.

La nueva Autorización Ambiental integra todas estas autorizaciones en un único procedimiento y establece un mecanismo de coordinación de las diferentes administraciones involucradas para la resolución de la Autorización Ambiental Integrada. De esta forma se simplifican los trámites de autorización de cara a la empresa y se mejora el grado de control de la administración sobre el impacto de las actividades industriales.

Se asignan valores límite de emisión para cada actividad productiva, basados en las mejores técnicas disponibles

Al autorizar una actividad, se le asignarán unos valores límite de emisión. Estos valores se basarán en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD´s) para dicha actividad. Esta interrelación entre los límites de emisión y las MTD´s no significa que se imponga la obligación de emplear una técnica determinada, pero sí de alcanzar los niveles de emisión o estándares de calidad ambiental que ellas permitan.

Establecer, como hace la Ley, que los valores límite de emisión serán definidos sobre la base de las MTD´s implica que estos valores serán variables en el tiempo, reduciéndose a medida que mejoren las técnicas.

Además de las MTD´s para fijar los valores límite de emisión se considerarán otros factores como:

• Las características técnicas de la instalación.
• La localización geográfica.
• Las condiciones locales del medio ambiente.

Se pone a disposición del público la información referente a las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas y a los datos de emisiones de las instalaciones

La administración deberá poner a disposición del público en general la siguiente información sobre las instalaciones:

• Los valores límite de emisión autorizados y las condiciones locales que se han tenido en cuenta al fijar dichos valores.
• Las mejores técnicas disponibles.
• Las características técnicas de la instalación.
• Las medidas que se hayan establecido en la autorización ambiental integrada.

Asimismo, la administración debe mantener un registro público (Registro EPER) que recoja los datos sobre las emisiones de las instalaciones, que las empresas están obligadas a suministrar con carácter anual.