El gran número de experiencias a través de las cuales la gente y, en especial, las amas de casa se organizan en grupos para adquirir bienes de bajo costo o que produzcan menos daños ambientales, son estrategias que permiten mitigar impactos sociales y ambientales de los actuales patrones de consumo. Durante dos décadas se han aplicado creativas medidas que han contribuido a atenuar costos económicos, a incrementar la calidad de vida, a producir menos daños al medio ambiente e incluso a generar oportunidades de empleo.

Sin embargo, estas medidas han modificado poco la estructura distributiva global y las tendencias de deterioro ambiental. Así, la acción ciudadana organizada, el apoyo de autoridades locales, algunos cambios en las políticas nacionales, así como en las estrategias de negocios de ciertas empresas son benéficas pero intrascendentes.

Además, esas medidas puntuales, desarticuladas, de carácter individual han tenido otros resultados indeseados para el cambio cultural deseado, puesto que al no cuestionar las raíces del problema, sino sólo paliar los impactos negativos más aparentes, producen un bienestar psicológico por el presunto deber cumplido. Es decir, si bien positivas, las acciones orientadas a fortalecer la capacidad social para hacer elecciones conscientes en las condiciones del mercado, no han sido suficientes para hacer una diferencia cualitativa. Ni siquiera el creciente consumo llamado verde, biológico u orgánico de ciertos productos alimentarios ha incidido en una transformación, porque aún involucra a segmentos muy pequeños de la población mundial; porque sus precios no incorporan totalmente los costos ambientales y, porque en numerosos productos agropecuarios hay subsidios perversos en defensa de intereses no sustentables.

¿Qué podemos hacer?
Necesitamos una acción ciudadana organizada, empoderada, sistemática y permanente con una visibilidad política tal que no pueda ser ignorada por los grupos de poder y por el Estado.

Lo anterior significa reforzar prácticas orientadas a sustituir o disminuir el consumo de bienes ambientalmente críticos, como la gasolina, la adquisición de automóviles, la carne de res y los detergentes, entre otros, cuyo consumo se ha acentuado en los años recientes. De impulsar un patrón de consumo orientado hacia la calidad de los productos y las condiciones de su producción, distinguiendo necesidades de deseos, mediante procesos educativos acerca de cómo escoger entre varias opciones y por qué no elegir aquellas que han sido promovidas como signos de distinción social.

Tampoco es posible que el consumo sustentable ignore la oferta de productos de empresas o países que inducen un consumo posicional, extravagante y suntuario, que emplean mano de obra infantil y cautiva, que no controlan sus emisiones y sus desechos, que no son ecoeficientes, que no protegen de riesgos laborales a sus trabajadores, que pagan sueldos miserables o que reciben tratos preferenciales que se traducen en competencia desleal para el resto de los países.

La educación ambiental debe estar alerta de las campañas publicitarias en los medios donde la gente es vista como un cliente dócil para globalizar un modo de vida material. Estas campañas, además, contribuyen a incrementar la migración al promover satisfactores que la gente no puede obtener en sus localidades de origen, pero que desea imitar ya que se presentan como aspiraciones sociales legítimas.

El consumo es hoy un rango definitorio de la identidad moderna tanto en su dimensión material como en sus aspectos simbólicos. Ante tal desafío la escuela sola no puede alcanzar los urgentes resultados que necesitamos; es preciso involucrar a actores sociales clave y asumir que se trata de una larga batalla, si bien sobre todo en esta lucha el tiempo también es una especie en extinción.